El parlamentario por la Región de Los Lagos se refirió al cambio de urgencia que le puso el Gobierno al proyecto de ley corta de pensiones y reconoció que las indicaciones incorporadas en la instancia previa son inconstitucionales.
El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Alejandro Santana, se refirió este martes al cambio de urgencia que puso el Ejecutivo al proyecto de ley corta de pensiones, que precisamente hoy comenzará a discutirse en esta instancia parlamentaria y que contempla la participación de una quincena de invitados a exponer en sesiones que culminarán el próximo 25 de octubre.
Desde el Ejecutivo se anunció el lunes que se retiraría la urgencia de discusión inmediata con la que ingresó el proyecto y le puso urgencia suma, lo que permitirá un análisis más a fondo de la iniciativa.
Lo anterior, luego que en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados se introdujeran una serie de indicaciones que fueron consideradas por el secretario de la instancia como inadmisibles y que en la práctica implican que el gasto asociado al proyecto se incrementará en más de US$1.000 millones adicionales sólo para 2022. Tras lo anterior, según lo expresado por el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, “estamos desfinanciados en casi US$1.140 millones”.
Consultado sobre este tema, el legislador y candidato al Senado por la Circunscripción 13ª, Alejandro Santana, reconoció que “lamentablemente en la Comisión de Trabajo se ha afectado el proyecto de origen que busca darle celeridad y llegar a más de 500 mil beneficiados con esta iniciativa, y principalmente lo que el Gobierno hace es sacar este capítulo del proyecto de la reforma de pensiones que está durmiendo hace más de año y medio en el Senado, y que hoy fue tergiversada, porque estamos entrando en una materia que no es propia, como dije, del proyecto original”.
En esa línea, el legislador agregó que “yo espero que podamos debatir seriamente en la Comisión de Hacienda. Van a llegar quienes entienden sobre esta materia y principalmente lo que dice relación a cómo financiar este proyecto. Así que desde ese punto de vista, si avanzamos de manera acelerada podemos caer en el mismo error que se cayó en la Comisión de Trabajo de aprobar e incorporar indicaciones que son inconstitucionales”.
Uno de los aspectos que la Comisión del Trabajo modificó a través de indicaciones se relaciona con exenciones tributarias que reducirán las recaudaciones de US$1.105 millones (0,33% del PIB) calculados inicialmente a US$905 millones (0,27% del PIB).
En este sentido, el parlamentario oficialista afirmó que “la señal que entregó la oposición en la Comisión de Trabajo es de alto riesgo. Aquí no estamos hablando de un tema de corto plazo, estamos hablando de una política pública que debe permanecer en el tiempo y que obviamente no puede generar ningún tipo de riesgo de que no se logren los objetivos del por qué se ha propuesto esta iniciativa, que es apuntar al corazón de la clase más humilde, aumentar la cobertura, y principalmente, superar la línea de la pobreza en lo que significan las pensiones básicas solidarias”.
Finalmente, el diputado por Chiloé y candidato al Senado por la Región de Los Lagos, recalcó que el sentido de mejorar las pensiones tiene urgencia, pero reconoció que ya no podrá votarse en sala durante la próxima semana, pues el calendario propuesto por la comisión de Hacienda contempla finalizar las sesiones de audiencias el 25 de octubre y despachar el proyecto al día siguiente, con lo que recién quedaría en condiciones de ser votado por la sala de la Cámara de Diputados el próximo 27 de octubre.
