A través de un comunicado de prensa con fecha 4 de diciembre del 2014 la directiva comunal del Partido por la Democracia de Ancud acusa persecución política a funcionarios del Servicio de Salud Chiloé.
El texto indica que el PPD de Ancud rechaza categóricamente la persecución política permanente y alevosa en contra de Mauricio Castillo Espinosa, Jefe de Administración Interna, Raúl Cortés Ossandón, jefe del Departamento Jurídico y en contra de Renato Toro Rodríguez, profesional del área de finanza del Servicio de Salud.
A reglón seguido informan que los además dirigente del PPD en Castro, han sido sometidos a una seguidilla de sumarios, siendo amedrentados y hostigados por parte de la directora de este servicio Paulina Reinoso y su equipo de confianza.
De hecho se menciona que en el caso de Mauricio Castillo Espinoza, se iniciaron cinco sumarios, a juicio de éstos, “infundados, por meras declaraciones de funcionarios de confianza de la Directora, ocasionándole además un desmedro económico, ya que a la llegada de la Jefatura de Servicio se le privó del pago de la asignación de Función Crítica, no obstante lo estratégico de su función.”
No obstante, la directiva del PPD de Ancud denuncia que más grave aún es lo ocurrido el pasado 2 de diciembre, cuando Castillo fue notificado por el fiscal a cargo de los sumarios, el demócrata cristiano Ramón Rebolledo, sobre su sanción administrativa de destitución.
Misma situación que afecta al abogado Raúl Cortés, porque junto a Castillo habrían participado de una Unidad Técnica en una licitación pública de construcción de dos centros de salud, instancia compuesta además por otros profesionales que continúan en sus cargos sin problemas.
A juicio de los dirigentes de Partido Por la Democracia de Ancud “esta grave situación no tiene otro objetivo que privar a nuestro partido de todo su cuadro directivo en Salud en este servicio público, e impedir que nuestro compañero Mauricio Castillo avance en el Concurso Público como director del Servicio de Salud de Chiloé.”
Además, añaden que “de acuerdo a nuestros principios y valores, repudiamos enérgicamente este accionar, ya que va absolutamente en contra del espíritu de unidad de la Nueva Mayoría que impulsa la Presidenta Michelle Bachelet, atentando en contra de la dignidad de estos trabajadores, en contra de sus familias y por último, siendo objeto de una discriminación política e ideológica, generando incluso un hecho gravado en la Ley Zamudio.”
En el mismo comunicado de prensa califican estos hechos de “irregulares y que están ocurriendo al interior del conglomerado y que tiene su origen en una manera inequívoca y errada de hacer política de la Democracia Cristiana, que no representa el accionar de los otros partidos de la Nueva Mayoría.”
Por último hicieron un llamado a la DC a respetar los derechos laborales de estos trabajadores, y seguir trabajando unidos en pos del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Por su parte el abogado Raúl Cortes, lamentó la situación que hoy los afecta, asegurando que se hizo una queja formal al presidente del Partido Por la Democracia.
