Desplegando una intensa agenda a través de las comunas más extensas del Archipiélago de Chiloé, Ancud, Castro y Quellón; el presidente nacional del Colegio de profesoras y profesores de Chile, Carlos Días Marchant acompañado de la directiva regional y comunales de la provincia pertenecientes al magisterio, realizaron durante la semana un conjunto de acciones en defensa del profesorado. Dos acciones judiciales, mesas de trabajo con las autoridades, asambleas locales y una marcha por los derechos laborales de docentes y trabajadores de la educación al sur de la Isla grande.
A modo de balance, el factor común en todas estas comunas, como señala Díaz Marchant, radica en el fracaso de uno de los pilares del sistema municipalizado de educación, en particular en Chiloé, como son las corporaciones de educación. La insolvencia económica del sostenedor, concluye, se manifiesta en el no pago de las cotizaciones previsionales y la aplicación hoy, de planes de ajuste, requeridos por el ministerio para conseguir recursos y salir de la crisis.
“El motivo de la visita tiene que ver con los problemas graves que tenemos en el Archipiélago, respecto del no pago de la previsión en muchas comunas. Y ajustes, que se están desarrollando hoy día, y que están significando lamentablemente rebajas horarias, traslados y también, salidas de profesoras y profesores. Lo cual indudablemente, nosotros rechazamos, repudiamos, no estamos de acuerdo. Nos parece que el ajuste que se pretende implementar y que se está llevando a cabo en varias comunas, no puede estar en función de las o los trabajadores, que es lo que está ocurriendo. Así lo manifestamos”, subrayo el dirigente en rueda de prensa, en la sede comunal del Colegio de profesores de Castro.
El contexto:
A modo de resumen, el magisterio realiza la primera acción coordinada durante la mañana del lunes pasado. Primero el juzgado de letras, que en este caso se trata del tribunal de cobranza judicial de Ancud, donde se interpone una reclamación, con el objeto de que las AFP cobren al sostenedor, la Corporación de Educación de Ancud, todas las previsiones adeudadas en estos cuatro años a los docentes. Simultáneamente, se ingresa una denuncia ante la PDI, en contra de quienes resulten responsables de posible malversación de fondos públicos y/o apropiación indebida de los sueldos de las y los docentes del sistema municipal. Acciones que recaen sobre la autoridad edilicia, como responsable entre otros, del funcionamiento financiero del ente municipal, subraya el dirigente nacional del profesorado.
Durante la tarde, con el funcionamiento de una mesa de trabajo lograda, entre otros actores por el comunal Castro del colegio de profesores. Y en medio de la ejecución del plan de ajuste desplegado por el municipio, participan de esta instancia, los docentes, trabajadores de la educación, gabinete del alcalde y de la Corporación de educación municipal. Sin embargo, los despidos y reubicación, o disminución de horas, entre otras medidas, más la inseguridad sobre los recursos para el año 2023, siguen generando incertidumbre. Aquí, magisterio de Castro, en resguardo de las y los colegiados, se encuentra en alerta y con movilizaciones por establecimientos. En resumen, el sustento económico de cualquier acuerdo, parece no estar disponible.
En Quellón, desde hace tres meses se dejaron de pagar las cotizaciones previsionales y servicios cargados a las colillas de pago, generando otras deudas y cobranzas sobre los docentes. Las posibilidades de renegociación de estas, pueden pasar para el próximo año, dada la fecha de cierre escolar. En este sentido, para Díaz Marchant, para el directorio comunal y diferentes actores locales, se trata de la primera etapa, de lo que Ancud, ya lleva recorrido cuatro años. Con la incerteza sobre las condiciones laborales para el próximo año y las actuales no resueltas, se comienza a ejecutar el plan de ajuste visado por el ministerio de educación. El martes Quellón salió a la calle a defender sus derechos y continúa en alerta.
La administración municipal del modelo de educación.
En Chiloé, consigna Carlos Díaz Marchant, el modelo sostenido en las corporaciones mantiene un escenario de deuda e incertidumbre financiera. Creadas en los 80’s, a lo largo del país se encuentran bajo una crisis terminal. Las cifras, por ejemplo, no son transparentes en relación a las mismas deudas. Ante estos hechos, los alcaldes y corporaciones de educación municipal aparecen como los principales responsables, en particular por las decisiones tomadas sobre recursos económicos asignados. En este sentido, el presidente del magisterio, se manifestó crítico.
“Las Corporaciones de derecho privado, son las que hacen y deshacen con los recursos públicos que llegan para educación. Que muchas veces utilizan estos recursos en pagar favores políticos y que, en definitiva, están en función de lo que los alcaldes decidan. Pero, después al final del día cuando se dan cuenta de que se sobrepasaron en los gastos, los ajustes comienzan por despedir gente. Sabido es que los trabajadores son los que lamentablemente, tiene que pagar la cuenta”, enfatizó, informando también sobre este problemático contexto con el ministerio de educación.
“Hemos conversado con la autoridad ministerial, con el ministro de educación, sobre la crisis que está ocurriendo con la educación municipal, particularmente con el Archipiélago, con la condición que aquí tenemos, solo corporaciones municipales de derecho privado. Desde el ministerio, se plantea que la problemática está complicada. Ellos están muy reticentes a entregar recursos si no están estos planes de ajuste. Y ahí está nuestra problemática. Ya que los planes de ajustes van en reducir horas, tal cantidad de personas contratadas, y eso significa salir a la calle, es complejo. Y se da en el marco, además, donde hay un bono al retiro, con la posibilidad cierta de sacar una cantidad importante de colegas del sistema, para poder descomprimir. Sin embargo, el ministerio, lleva 5 o 6 años sin pagarlo, por ineficiencia solo de la ley y del trabajo del ministerio”, puntualizó Díaz Marchant, en relación a este importante actor en materia.
Al finalizar, Carlos Díaz Marchant destacó que la deuda y el no pago de las cotizaciones provisionales a docentes son un elemento en la agenda del magisterio para el año 2023. Su extensión a lo largo del país, y su profundidad en años y montos, destaca desde el magisterio en Chiloé, hacen urgente una mirada de país para formular soluciones sobre un sistema de educación, que hoy falla en el marco de la actual legislación.
De igual forma, destacó profundamente el trabajo de dirigentas y dirigentes, del profesorado en su conjunto que se ha mantenido unido y en defensa de sus derechos laborales en el Archipiélago de Chiloé.