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Greenpeace presentó sus conclusiones sobre el vertido y los antecedentes normativos que lo declaran ilegal ante la Comisión de Medio ambiente y Recursos Naturales del Senado.
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La organización ambientalista recalcó que el gobierno ha reconocido ahora públicamente que no contaba con estudios acabados que permitieran cumplir con los protocolos para afirmar que el vertido no tendría impacto alguno.
Valparaíso, 13 de Septiembre de 2016 – Miembros de Greenpeace fueron invitados el día de hoy a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado para presentar las principales conclusiones del estudio realizado sobre la crisis social y ambiental desatada en Mayo en la isla de Chiloé. En la presentación, el Director de Greenpeace en Chile, Matías Asún, explicó a la audiencia, en la que se encontraba el Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, que: “la autorización del vertido de salmones actuó como fertilizante del bloom de algas que, a su vez, empeoró la crisis social y ambiental que vivió la Isla. Esto prueba equivocadas las declaraciones emitidas en el decreto de autorización y la comunicación inicial sobre la crisis del Ministro Céspedes y las autoridades. Es claro que el gobierno no tenía información suficiente y actuó apresuradamente, favoreciendo a las empresas salmoneras. Así, si bien se enfrentó una emergencia, el propio gobierno ha reconocido que no hizo un análisis apropiado, ni tomó muestras en el sitio del vertido para justificar sus decisiones a pesar del riesgo evidente de actuar de ese modo. En efecto, por todas estas razones, las autoridades no entregaron información suficiente a la Convención de Londres, utilizándola únicamente como mecanismo para legitimar la decisión.”
Según explicaron en la organización ambientalista, el estudio se basa en el análisis de las muestras de agua tomadas en las expediciones, imágenes satelitales, datos de la NASA, análisis de datos documentales y entrevistas realizadas en terreno. A lo anterior, la organización agregó un análisis detallado de la legislación vigente que aplica a situaciones como éstas y complementó con un análisis de leyes, reglamentos y la convención internacional de Londres que establecen las obligaciones a las que estaba sometida la autoridad al permitir el vertido, las cuales no fueron cumplidas. El estudio y el anexo metodológico que lo acompaña puede descargarse desde la web de la institución (www.greenpeace.cl)
Los pescadores de Chiloé, que estuvieron presente en la sesión manifestaron que:“El 91% de los chilotes cree en el informe de Greenpeace. Lo que se siente en Chiloé es un abandono total del gobierno y una indolencia tremenda respeCto de cómo se abordan estos problemas. El pésimo manejo que tuvo el gobierno de Chile de la crisis no solo es ambiental sino también social”.
En Greenpeace enfatizan que en declaraciones emitidas al Canal de Televisión MEGA el Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico -quien depende directamente del Ministerio de Economía- reconoció que para la autorización no se realizaron estudios acabados. «Nuestro estudio es claro: no hay fundamentos oceanográficos para afirmar que no hay relación entre el vertimiento y la marea roja que se observó. A nuestro entender, y sobre la evidencia disponible, el vertimiento actuó como fertilizante y las corrientes determinaron el patrón de desplazamiento del amonio proveniente de éste en esa zona”.
El Director de Greenpeace insistió en que: “el vertido es un hecho ilegal de por sí, calificado como delito en la legislación vigente, sometido a penas de cárcel. Cualquier respuesta de emergencia requiere garantizar y demostrar la no existencia de impactos y la realización de una evaluación de impacto adecuado. Sin embargo en este caso se omitió todo estudio o mención al impacto en toda la documentación que se refirió para dar el permiso, que además se entregó en 24 horas a solicitud expresa de las empresas. Es aún más grave constatar que, de acuerdo a las comunicaciones sostenidas por las propias instituciones ya autorizado el vertido, se deja ver una operación de encubrimiento en la cual se busca legitimar la autorización utilizando para ello la convención internacional de Londres a la que Chile está obligado”.
Asimismo, Asún, se refirió a la industria salmonera indicando que:”La crisis es causada por una industria cuyo crecimiento está fuera de control, que no cuenta con planes adecuados de respuesta ante crisis que no sólo son posibles, derechamente son cada vez más probables. Aquí las autoridades no dudaron en apoyar ciegamente la expansión salmonera a costa de Chiloé, sacrificando a la isla y usando al mar como vertedero. Lo que aquí se ha hecho simplemente no puede volver a pasar jamás. Lo que hicieron con Chiloé no se puede repetir”.
La organización ambientalista instó a las comunidades de Chiloé y las costas amenazadas por situaciones de riesgo similares a mantener sus demandas para preservar su mar y los valiosos recursos que alberga. Además, Greenpeace se encuentra realizando una campaña de petición de firmas ciudadanas en www.greenpeace.cl para exigir que jamás una situación como esta vuelva a repetirse.
