- Diputado Patricio Vallespín y candidato a alcalde de la Nueva Mayoría aseguran que padrón electoral fue abultado en un 10%.
Una grave denuncia de posible fraude electoral en Queilen, realizó el diputado Patricio Vallespín junto al candidato a alcalde de la Nueva Mayoría por la comuna, Marcos Vargas, quienes aseguraron que el actual alcalde que busca la reelección, Manuel Godoy, habría intercedido para que más de 170 personas modifiquen su domicilio electoral, pese a no tener ningún tipo de relación con la zona.
Según explicó el legislador, “esto ha sido acreditado por presidentes de juntas de vecinos, quienes aseguran que las personas que aparecen ahora inscritas, y que representan a cerca del 10% del padrón electoral, nunca han vivido, ni estudiado ni trabajado en Queilen, como lo estipula la ley”.
A juicio de Vallespín “actitudes como ésta afectan y atentan contra la calidad de la democracia. Es una intervención mañosa que busca cambiar la voluntad de los ciudadanos, con la inscripción de gente que nunca ha vivido en la comuna”, agregando que “no vamos a permitir que el poder del dinero pudiera influir y manipular la elección”.
Para ejemplificar la denuncia, el candidato a alcalde Marcos Vargas informó que dirigentes y participantes de un evento deportivo que se realizó en la comuna, y que contó con apoyo monetario por parte del municipio, hoy aparecen inscritos como votantes en Queilen, pese a que históricamente han sufragado en Castro. A ellos se suman trabajadores de la empresa de transportes de la cual es propietario el actual jefe comunal, quienes, por lo demás, poseían residencia y domicilio laboral en otras localidades.
Ante lo anterior, el abogado Julio Álvarez, explicó que la actual ley electoral determina la naturaleza, procedimientos y sanciones a eventuales irregularidades, asegurando que “la persona debe votar en aquel lugar en aquel lugar donde tiene su domicilio electoral, y esto se entiende como una relación objetiva con el lugar donde uno debe votar, lo que se configura con tres elementos: residencia habitual o temporal en la comuna donde se está inscrito; lugar donde se ejerce la profesión, y donde se desarrollan sus estudios”, agregando que, “en nuestra opinión, ninguna de estas personas cumple con estas exigencias”.
El profesional recalcó que, de acreditarse la falsificación del domicilio electoral, los votantes se exponen a la pena de la reclusión menor en su grado mínimo y multa, y quien incite, promueva, solicite u organice este accionar podría recibir la misma pena, lo que se suma a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.
Marcos Vargas, por su parte, manifestó su preocupación por esta situación, pues “este hecho ya se repitió en la elección anterior, donde quedó instalado en la comunidad de Queilen que el alcalde ganó con un porcentaje importante de personas que trasladaron su domicilio electoral. No es posible que en esta elección el poder del dinero permita que una vez más se doblegue la voluntad de la gente”.
Cabe destacar que estos antecedentes ya fueron puestos a disposición del Servicio Electoral y del Registro Civil, para su investigación.
